La vivienda en México:

Dieciséis años atrás, México se embarcó en una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus masas trabajadoras.

El gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas asequibles a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street- invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo.

Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas -una sexta parte de la población de México- abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor.

Fue un momento clave para México -una prueba para esta cada vez más próspera nación, con ambiciones de primer mundo. Pero México se quedó desastrosamente corto sin poder crear un suburbio ordenado.

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El programa se ha convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país, según una investigación de Los Angeles Times.

El programa costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como “constructores de naciones” al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México.

Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo.

Los Angeles Times visitó 50 desarrollos de viviendas económicas desde Tijuana hasta el Golfo de México; revisó miles de páginas de documentos gubernamentales y de la industria de la construcción, y entrevistó a cientos de propietarios, líderes municipales, expertos en vivienda, ingenieros civiles, trabajadores de la construcción y funcionarios del gobierno.

El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas.

Si bien la gravedad de los problemas varía, y algunos desarrollos habitacionales cumplen con los estándares básicos, el rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales cerca o dentro de cada ciudad grande: Sistemas de agua que no sirven, redes eléctricas incompletas, deficientes sistemas de aguas residuales. Parques y escuelas que se prometieron pero que nunca se materializaron.

Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos.

Los desarrolladores han abandonado cientos de estos complejos sin completar la infraestructura, provocando una permanente escasez de servicios.

Hay desarrollos no terminados por todo el país. Se estima que 300,000 personas viven en más de 40 complejos habitacionales inconclusos en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, permitiendo que invasores y pandillas se apoderen de muchos vecindarios.

El descontento de los propietarios ha sido poco efectivo; las autoridades no han responsabilizado a nadie por los problemas.

Decenas de millones de dólares en bonos de construcción destinados a hacer reparaciones y/o terminar la infraestructura siguen sin utilizarse o no se sabe que ha pasado con ellos. No ha habido audiencias en el Congreso ni comisiones de investigación.

En marzo, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó a Homex, -que una vez fue el mayor desarrollador de México-, de reportar ventas “falsas” de 100,000 casas, lo que infló sus ingresos en 3,300 millones de dólares. Se cree que es el mayor fraude en la historia de México.